Cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda

La reciente entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles, ha generado cambios directos e indirectos en la Ley de Arrendamientos Urbanos. En este artículo, el bufete sevillano Peralta Rojas Abogados analizará los aspectos más relevantes de estas modificaciones, destacando la creación de zonas tensionadas, la prohibición del pago de honorarios inmobiliarios por parte del inquilino, la limitación de la subida del precio del alquiler y la obligación de realizar el pago de la renta por medios telemáticos.

Creación de zonas tensionadas

Con la nueva Ley de Vivienda se introduce el concepto de zonas tensionadas, que son aquellos barrios o municipios en los que se requieren actuaciones públicas debido a un riesgo especial de oferta insuficiente de vivienda para la población.

La declaración de una zona de mercado residencial tensionado corresponderá a las comunidades autónomas y municipios, y su vigencia inicial será de tres años, con posibilidad de prórroga anual.

Para que una zona pueda ser declarada tensionada, debe cumplir una de las siguientes condiciones: el coste medio del alquiler o de la hipoteca más los gastos y suministros básicos debe superar el 30 % de la renta media de los hogares; o el importe de los alquileres o de la compra de la vivienda ha aumentado al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los cinco años anteriores a la declaración de la zona tensionada.

El propietario asumirá los honorarios de la Inmobiliaria

Uno de los cambios más significativos es que el inquilino ya no deberá pagar los honorarios de la inmobiliaria al momento de alquilar una vivienda. Según la nueva normativa, serán los propietarios de las viviendas de alquiler los responsables de abonar los honorarios de las agencias inmobiliarias. Tanto las gestiones inmobiliarias como la formalización del contrato estarán siempre a cargo del arrendador, ya sea persona física o jurídica.

Limitación de la subida del precio del alquiler y desvinculación del IPC

La nueva Ley establece límites en el incremento del precio del alquiler. Durante el año actual, se mantendrá un tope del 2 % en la subida del alquiler, el cual se elevará al 3 % en el año 2024. Además, se establecerá un nuevo índice de referencia aplicable en todo el país antes del 31 de diciembre del próximo año, desvinculándose así la actualización de la renta del IPC.

Cabe destacar que los inquilinos tienen derechos adicionales, como el hecho de que el propietario no podrá exigir más de dos meses de garantía adicional y el máximo que se puede pagar por adelantado es una mensualidad, la cual suele abonarse en concepto de reserva del piso.

Prohibición de pago de la renta en efectivo

La nueva Ley de Vivienda establece que el pago de la renta por parte del inquilino deberá realizarse exclusivamente a través de medios electrónicos, como Bizum o transferencia bancaria, según se indica en el artículo 10 de la Ley. Se busca fomentar la seguridad y la transparencia en las transacciones, así como facilitar el seguimiento de los pagos.

No obstante, la norma contempla una excepción a esta regla. En casos excepcionales, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y así lo solicite, se podrá efectuar el pago en metálico y dentro de la vivienda arrendada.

Sobre Peralta Rojas Abogados

Peralta Rojas Abogados es un despacho especializado en Derecho Inmobiliario, con una amplia experiencia en el ámbito de los arrendamientos de vivienda. El equipo de profesionales está preparado para asesorar y representar a los clientes en estos asuntos, ofreciendo soluciones legales efectivas y adaptadas a las necesidades de cada caso. Entienden la importancia de mantenerse actualizados respecto a los cambios legislativos que afectan al sector inmobiliario y cómo estos pueden impactar en los derechos y obligaciones tanto de propietarios como de inquilinos. Su objetivo es brindar un servicio legal integral y de calidad, orientado a proteger los intereses de sus clientes y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.