El riesgo al que se enfrentan las empresas españolas por no cumplir con la implantación del canal de denuncias

En un mundo empresarial cada vez más regulado y orientado hacia la transparencia, la implementación de un canal de denuncias ha pasado de ser una recomendación a ser una obligación legal. Este mecanismo, diseñado para permitir que los empleados, clientes, proveedores y otras partes interesadas reporten conductas indebidas hasta de manera confidencial, juega un papel crucial en la preservación de la integridad, la reputación y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.

¿Qué es un Canal de Denuncias?

Un canal de denuncias es un sistema interno de información que facilita la comunicación directa y segura entre los informantes y la organización. A través de este canal, se pueden reportar de forma confidencial irregularidades como fraudes, infracciones éticas o cualquier otro tipo de comportamiento inapropiado. La implementación de un canal de denuncias permite a las empresas investigar y abordar estas denuncias de manera oportuna, adoptando las medidas correctivas necesarias para proteger a la organización y a sus miembros.

¿Por qué es tan importante su implementación?

La importancia de un canal de denuncias radica en su capacidad de prevenir y detectar el fraude, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y promover una cultura de transparencia dentro de la empresa. Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, se ha establecido la obligatoriedad de estos canales en el sector público y en el sector privado a las empresas con más de 50 empleados en España. Esta ley, que forma parte del marco de cumplimiento normativo, exige que las organizaciones adopten un canal de denuncias como herramienta fundamental para la prevención del delito corporativo y la protección de los informantes.

¿A qué sanciones se arriesga una empresa en caso de no cumplir la ley?

No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones severas. Las empresas que no implementen un canal de denuncias adecuado podrían enfrentarse a multas que oscilan entre 300.000 € y 1.000.000 €, además de otros riesgos legales y reputacionales. La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a nivel nacional que está por salir, supervisará la aplicación y cumplimiento de esta ley; sin embargo, es importante señalar que ya hay comunidades que han adoptado su autoridad de cumplimiento a nivel comunitario lo que añade una capa adicional de control y seguimiento, y subraya aún más la necesidad de que las empresas cumplan con estas normativas.

GPartners puede ser el aliado en la implementación de un Canal de Denuncias

Ante este escenario, contar con el apoyo de expertos en la implementación y gestión de canales de denuncias es fundamental. GPartners se posiciona como un referente en el sector del Compliance, ofreciendo una plataforma SaaS que funciona a través de suscripción que garantiza la seguridad, confidencialidad y anonimato a los informantes y cumple con todos los requisitos técnicos que exige la ley. Esta solución no solo cumple con las exigencias legales y técnicas, sino que también puede ser gestionada por los expertos de GPartners minimizando así los conflictos de interés y protegiendo a las organizaciones de posibles riesgos, gracias a su dilatada trayectoria en la gestión e implementación de canales.

En definitiva, la implementación de un canal de denuncias no es solo una obligación legal, sino una inversión en la transparencia y reputación de la empresa. Apostar por un canal ético adecuado es minimizar el riesgo, apostar por la sostenibilidad y garantizar que la empresa está gestionando sus procesos como debe ser.